La aprobación por parte de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de este y otros emprendimientos, al igual que de la Planta Transformadora que Epec construyó en el barrio de Sol y Río de Carlos Paz, ya se cobró las imputaciones de dos exfuncionarios, Raúl Castro y Federico Bocco, extitulares de la repartición.
Petrone y una de sus hijas también están imputados por una presunta estafa a una mujer que compró un departamento en el emprendimiento cuando, según la denuncia, ya estaba frenado por la Justicia.
La abogada Marcela Fernández, quien representa a Adarsa, es la cara visible del amparo ambiental que se presentó ante la jueza civil de Carlos Paz, Viviana Romero, el 13 de febrero de 2013. “El amparo fue para frenar el desmonte y para solicitar que, si había una aprobación de Ambiente, se revocara”, dijo la letrada.
El argumento de los ambientalistas se basa en que el emprendimiento está en área de reserva y según la ley 26.631, “todo eso pasa a ser zona roja”. “Más allá de que Ambiente discutía y planteaba que está en zona amarilla, no se podría haber autorizado el desmonte para un emprendimiento privado, porque en el único caso que se avala es para emprendimientos públicos”, dijo la abogada.
La audiencia pública fue solicitada por la jueza del amparo hace ya dos años. “Será la más numerosa desde que se aprobó la ley de políticas ambientales 10.208”, señaló Fernández.
El biólogo Gustavo Peyroti fue el primero que se inscribió y será el primer orador. “El problema más grave es que el emprendimiento está en zona roja y amarilla de bosque nativo, donde no se puede realizar un desmonte total”, aseguró. Recalcó que el proyecto supone “saltearse por completo la ley de bosques”. También asegura que en el impacto ambiental se omitieron datos ambientales clave de esas tierras.
Desde Gama recalcaron que la audiencia pública no es vinculante, e insistieron en que, al momento de la habilitación de El Gran Dorado, no existía la exigencia de audiencia pública para obtener la Licencia Ambiental. “Se hace la audiencia por entendimiento de un juzgado de primera instancia, nada más”, expresaron.
Una instancia ordenada por la Justicia
El proyecto. Se trata de condominios en altura en San Antonio en un predio serrano de 56,8 hectáreas, de las que serán intervenidas 19,5 hectáreas.
La audiencia pública. Será en el Salón de Usos Múltiples del municipio de San Antonio de Arredondo, hoy desde las 10. Fue ordenada por la Justicia, tras la paralización de las obras fruto de un amparo ambiental presentado por la ONG Asociación de Amigos del Río San Antonio (Adarsa).
La Voz. Enero 2017