Construcciones en la montaña
¿Qué va a pasar con «Le Quartier»?

El country «Le Quartier de la Montagne» fue objeto de numerosas discusiones en el gobierno y las instituciones. Ya lleva más de una década de aprobaciones y desaprobaciones, de informes y polémicas. Después de la visita del Defensor del pueblo de la Nación y luego de la presentación del último análisis de impacto urbano-ambiental -que establece que la obra no sería viable- las instituciones involucradas evalúan los pasos a seguir.

Hace más de una década que distintas organizaciones y vecinos vienen tratando de impedir la construcción sobre los faldeos montañosos. El problema es que se están urbanizando zonas que no están permitidas por leyes y ordenanzas, ya sea por ser áreas protegidas de las laderas, por el riesgo ambiental que conllevan los emprendimientos, además del perjuicio a la actividad turística porque se degrada el paisaje serrano.
La odisea del country «Le Quartier de la Montagne» comenzó cuando la empresa «Green Time» presentó un proyecto para la construcción de un barrio cerrado en las laderas de las montañas. La construcción estuvo frenada mucho tiempo porque aparentemente no contaban con todas las autorizaciones correspondientes.
En el 2005, los vecinos realizaron una presentación judicial ante el fiscal Gustavo Marchetti, pidiendo que investigara posibles irregularidades de la empresa constructora, pero nunca obtuvieron respuestas. Ante esta circunstancia recurrieron al Defensor del Pueblo de la Nación. Por su parte, la empresa también realizó pedidos judiciales para poder comenzar con la obra.
En el 2007 llegó una sentencia de la justicia para que el Concejo Deliberante se expidiera, luego de varios años de mora administrativa. A pesar de todos los cuestionamientos de ambientalistas y organizaciones intermedias, el 31 de agosto de ese año, con cinco votos a favor, cuatro en contra y la ausencia de una concejal -Claudia Arias-, el Concejo Deliberante aprobó la realización del country «Le Quartier de la Montagne» de 27 hectáreas, con 144 viviendas residenciales en la ladera del Cerro de la Cruz.
Como siguiente paso, los opositores al country solicitaron una audiencia pública donde pudieran manifestar sus opiniones y pedir explicaciones del posible impacto del emprendimiento, la misma no fue realizada. Luego intentaron hacer un referéndum vinculante pero no juntaron las firmas necesarias. Entonces, la empresa comenzó con los movimientos de suelo en la zona. Las organizaciones y vecinos no tuvieron mucho más para hacer, sólo esperar el informe de impacto ambiental que solicitaron a la Defensoría del Pueblo de la Nación.
El debate sobre el country se reabrió la semana pasada, cuando el Defensor del Pueblo Eduardo Mondino presentó el informe de impacto urbanístico y ambiental del «Le Quartier de la Montagne», que le habían solicitado instituciones intermedias y residentes de Carlos Paz.
La disertación contó con la presencia de las instituciones que convocaban al encuentro, entre ellas ADARSA, Asociación Hotelera, Asociación Inmobiliaria, Centro Comercial, CEPIA, Jóvenes Ciudadanos, Juntos por lo Nuestro y Pastoral Social Interparroquial, además asistieron algunos funcionarios, ex funcionarios y vecinos. En la misma se destacó la ausencia del intendente y de varios concejales.
En la reunión, el ombudsman nacional destacó que en estos procesos es fundamental la participación de la comunidad, por lo que continúa siendo necesaria una audiencia pública. Al respecto expresó: «Es muy importante acordar todo este tipo de temas con la comunidad, las sierras necesitan un desarrollo, pero éste debe ser sustentable; no nos oponemos al desarrollo, pero las inversiones deben estar bien hechas».
En diálogo con la prensa, Mondino manifestó que la Defensoría del Pueblo no tendría competencia para accionar judicialmente en el caso y expresó que desde la Municipalidad debería pedir el proyecto definitivo del emprendimiento porque hay cosas que no están claras; el Ejecutivo local tendrían que tomar las medidas necesarias del caso. Con respecto a la actuación del Concejo Deliberante anterior, Mondino opinó que se apresuraron en aprobar el proyecto. Para el ombudsman, este proyecto no es viable desde el punto de vista urbanístico y ambiental.

Conclusiones del informe
En primer lugar, cabe destacar que el proyecto del country es bastante ambicioso, pretenden tener el alumbrado de las sendas vehiculares a energía solar; el agua potable se proveería a través de una red cerrada, cuya fuente sería el reservorio natural ubicado en el mismo predio, con una planta potabilizadora propia; además contarían con dos plantas de tratamientos de residuos cloacales, cuyos líquidos tratados serían reutilizados para el riego de la zona. 
Las conclusiones del informe sobre el impacto del country «Le Quartier de la Montagne», fueron expuestos por el arquitecto Eduardo Reese. Los resultados del mismo se refieren a cuestiones ambientales y urbanísticas del emprendimiento, los cuestionamientos se basan en que «en general, los estudios realizados por la empresa no permiten una comprensión técnica rigurosa de los problemas ambientales que conllevaría la urbanización de la montaña, sólo hay referencias a análisis sectoriales y poco articulados». Además, se cuestionó que desde la empresa no tengan una evaluación de conjunto de los posibles impactos del proyecto.
Uno de los principales inconvenientes del emprendimiento sería la provisión de agua, ya que la vertiente natural utilizada no alcanzaría para cubrir la demanda, además de producirse una sobreexplotación del recurso. Otro de los problemas sería la alteración topográfica y la deforestación del predio, ya que la urbanización requiere de una importante remoción de tierras, porque los lotes tienen una pendiente promedio del 30 por ciento. A su vez, no se cuenta con estudios de circulación y tránsito vehicular en la zona, el cual aumentará notablemente y afectará a las calles aledañas.
Con respecto a los beneficios que aportaría el country a la ciudad, el informe señala que los fundamentos de «Green Time» no fueron sólidos, sino «meramente retóricos y autolaudatorios». Desde la empresa afirman: «Como resultado de este emprendimiento, dicha ciudad contará con una impactante urbanización de 16 hectáreas con inigualables vistas al lago, ubicada en un lugar ideal para disfrutar de las serranías». Esta afirmación parece no tener en cuenta que se afectará gravemente el perfil serrano y paisajes de la ciudad, con su consecuente impacto ambiental y visual que perjudicaría las actividades turísticas.
En lo que se refiere a la aprobación de la Agencia Córdoba Ambiente, cabe destacar que se autorizó el proyecto pero no su ejecución, hasta tanto no cumplan con la factibilidad municipal de localización, la autorización de las obras de escurrimientos solicitadas por DIPAS, el estricto control municipal de la obra, la solicitud de garantías reales, entre otros puntos.
El informe de la Defensoría concluye con que «a nivel provincial los problemas de fondo son la inexistencia de un marco regulatorio sobre el ordenamiento territorial y la inexistencia de una clara distribución de responsabilidades y competencias entre los municipios y la provincia en materia de ordenamiento urbano y ambiental».
Luego de la presentación del informe, la decisión queda en manos del Ejecutivo municipal, quién podría intervenir en la construcción del barrio cerrado, dada la gran cantidad de irregularidades y falencias en el proyecto, principalmente las referidas a la provisión de servicios y al impacto ambiental advertidas por la Defensoría.

La posición de las instituciones intermedias
Luego de la visita del Defensor del Pueblo de la Nación, donde se brindó un informe pormenorizado sobre estudios de impacto ambiental, diferentes organizaciones y vecinos que impulsaron el frustrado referéndum para poner en consideración la construcción del country Le Quartier, decidieron seguir reuniéndose para delimitar los pasos a seguir.
Una de las instituciones en cuestión es la Asociación Inmobiliaria y su presidente, José Luis Rigazio, aseguró a «Semanario Bamba» que el informe «fue minucioso y profundo, contundente e importante; no hizo otra cosa que determinar que el pedido de los vecinos no se debió a una movida política sino a un reclamo justo, porque estábamos viendo las anomalías que se manejaban con respecto a este tema». Y agregó: «Creo que hay demasiadas desprolijidades e imprudencias cometidas por quienes tenían la responsabilidad de tomar las decisiones y el resultado quedó muy expuesto en lo entregado por Mondino».
El inmobiliario destacó muchos puntos sobresalientes en lo expresado por el Defensor del Pueblo: «Primero, las distintas cuestiones que tienen que ver con los informes urbano ambientales, porque más allá que son viejos, han sido irregulares, se realizaron sin tomar en cuenta en profundidad algún método científico para poder llevarlo adelante.
«Otro de los puntos tiene que ver con el agua. Nosotros veníamos sosteniendo que es muy difícil sacarla en ese sector; quienes pretenden construir allí afirmar que no está garantizada la provisión continua de agua, no se sabe ni siquiera qué cantidad de reserva puede haber. Hay muchos elementos y todos apuntan al daño ecológico que este tipo de construcciones provocarían para Villa Carlos Paz».
Rigazio admitió estar sorprendido por la cantidad de personas que presenciaron la reunión de Mondino, eran más de 150: «Esto habla a las claras de que este tema siempre está presente entre la gente y que tiene mucho peso».
Además indicó que en breve, diferentes instituciones y vecinos se reunirán con el objetivo de analizar profundamente esta situación y acordar entre todos el camino que tomarán. «Posiblemente pediremos el consejo de algún profesional del derecho para que nos informe qué mecanismos e instancias legales podemos seguir al respecto». 
Al cierre de esta edición todavía no se había concretado la reunión entre las distintas organizaciones para establecer las medidas que tomarían frente al tema.