Por Marcela Fernández. Abogada
Los incendios de días pasados nos dejaron conmovidos, la imagen de la muerte es dura y eso es lo que dejaban a su paso, hasta que la Madre Tierra, siempre generosa nos bendijo con una lluvia de primavera.
Pero a la par de ese alivio, hay preguntas que no podemos evitar hacernos: ¿Por qué todos los focos ocurrían casi simultáneamente?, ¿Por qué parecía no haber un plan de control? ¿Por qué ocurrieron en las zonas casi coincidentes con los proyectos viales que tiene el gobierno provincial? ¿Por qué no se encontraron los responsables? Muchas preguntas y pocas respuestas…
Quizás una respuesta sea trabajar en los territorios, a nivel local. Es decir, logrando normas locales que puedan obligar a los intendentes tan sumisos al gobierno provincial, para evitar que éstos otorguen tan livianamente las factibilidades de uso de suelo, y no tengan la capacidad para exigir la aprobación de sus ejidos.
Está claro que no se respeta la ley de Bosques y los políticos ignoran los parámetros de protección que fija la misma proyectando caminos en plena zona roja, sin cumplimiento de las normas y condiciones de excepción que tendría esta posibilidad.
A modo de ejemplo, comparto el caso de la ciudad de Villa Carlos Paz donde hay una ordenanza que ha declarado a las sierras Áreas Protegidas, -aún antes de la ley de Bosques- ante el avance inmobiliario, que si no fuera por un grupo de vecinos que inició esa lucha hace más de veinte años hoy no existirían con al menos una muestra de bosque nativo. Ese accionar fue una especie incipiente de ordenamiento territorial. También se acompañó esa ordenanza con otro elemento: el cobro de una alícuota en los cedulones de las tasas municipales con fines de formar un fondo para expropiación de los lotes que conforman las sierras. Luego, la reglamentación las declaró intangibles. Es decir, es una política de Estado que la propia comunidad impulsara, y que se fue consolidando en el tiempo y que difícilmente retrocedería, -aunque la gestión del actual intendente tiene la asignatura pendiente de restablecer la alícuota del fondo para expropiación del faldeo que fuera disminuida en los comienzos de su gestión-. Lo mismo podría generarse en las distintas localidades de Punilla.
Así, al haber una norma local que superara los presupuestos mínimos de las leyes nacional y provincial, se tendría más garantía de cumplimiento, y a nadie se le ocurriría la idea brillante de romper las montañas con una autovía de cuatro carriles en lugar de buscar las alternativas de circulación en los valles. Una norma local, trabajada desde una comunidad que quiere cuidar su lugar, que internaliza los beneficios ambientales que brindan las sierras con su bosque-esponja que se prepara para el cambio climático, y que concibe un modo de vivir sin resignar la vida, como dicen mis queridos vecinos de San Roque: “Que el progreso no cueste vida”.
Una norma local surgida de un ordenamiento territorial en el que la Comunidad es parte involucrada, y “siente la verdadera y auténtica participación” porque termina decidiendo en un Consenso colectivo, que es legítimo y como consecuencia disminuye el conflicto. La participación no se agota con el voto electoral, y tampoco con audiencias públicas vergonzosas como la que se hizo para avalar la construcción de la autovía en San Roque.
El ordenamiento territorial participativo es eso, la herramienta para frenar tanto atropello, y la que además puede darnos la solución si queremos cuidar nuestro presente y futuro.