Un fallo judicial frenó la obra El Gran Dorado del empresario Jorge Petrone y le ordena remediar todo el daño ocasionado. Se pretendió desmontar 56 hectáreas de bosque nativo.Un nuevo capítulo en la lucha contra la Reforma de la Ley de Bosques.
Cobertura ECOS Córdoba y FM Radio Panamericana de Huerta Grande
Por Lea Ross | @LeandroRoss
Finalmente, la justicia cordobesa decidió darle la razón a las vecinas y vecinos de la comuna de San Antonio de Arredondo y puso fin a una de las inversiones más magnánimas del interior de la provincia de Córdoba, como es el proyecto “El Gran Dorado”, de la empresa GAMA SA., cuyo dueño, Jorge Petrone, está en prisión por robo de tierras y falsificación de documentos.
Lo que resolvió la jueza de primera instancia de Villa Carlos Paz, Viviana Rodríguez, es aceptar el amparo ambiental contra GAMA, el Gobierno Provincial y la Municipalidad de San Antonio. La sentencia declara como inconstitucional el permiso municipal y ordena a la empresa a remediar, en un plazo de 180 días, todo el daño ambiental ocasionado en la zona boscosa.
“Se vivió con mucha emoción enterarnos del fallo, después de tantos años de esfuerzo -señaló la abogada Marcela Fernández, quien presentó el amparo de la mano de la ONG vecinal ADARSA-. Todos lloramos en equipo. San Antonio y las poblaciones aledañas vieron la magnitud de este problema, que arrasa con el bosque nativo, a manos de estos desarrollistas inmobiliarios”.
El Gran Dorado era un proyecto que consistió en realizar 488 departamentos, en el límite entre la ciudad de Villa Carlos Paz y San Antonio de Arredondo, en un área de 56 hectáreas, en el faldeo occidental de Sierras Chicas. El problema era que esa zona es bosque serrano, es decir bosque nativo.
El Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado en diciembre de 2012 por la Provincia. Pero en febrero de 2013, se aceptó una medida cautelar contra el emprendimiento y se ordenó al Estado que realice una audiencia pública, instancia que nunca se realizó en la evaluación ambiental. Tanto la Provincia como la empresa, por alguna razón, trataron de recurrir a todas las instancias posibles para frenar la orden judicial. Finalmente, la jornada de participación ciudadana se llevó a cabo a finales de enero, cuyas exposiciones fueron entregadas a la justicia. Allí, centenares de exposiciones declararon su temor por las consecuencias de los desmontes: la pérdida de biodiversidad, el arrastre de las lluvias a sus casas, y los cortes de agua y luz por el crecimiento demográfico. Cuatro meses después, la jueza dio su sentencia.
En paralelo, en diciembre del año pasado, el fiscal anti-corrupción Hugo Amayusco ordenó imputar a los ex secretarios de ambiente Luis Bocco y Raúl Costa por aprobar tres proyectos en ese lugar -entre ellos, El Gran Dorado- al ser zonas rojas y amarillas según la Ley de Bosques, donde prohíben el desmonte.