Presidente del Foro Argentino del Agua.
El consumo de agua dulce, en el último medio siglo, prácticamente se duplicó, y la cantidad de agua disponible para una persona, si las condiciones actuales se prolongan, disminuirá un treinta por ciento en las próximas dos décadas. Entre una lista de estadísticas ambas convidan, por lo menos, a la perplejidad. Cada vez menos personas pueden darse por no enteradas, tanto como cualquier persona en el mundo puede dar cuenta de alguna consecuencia sufrida por los llamados efectos del calentamiento global.
¿Sabe cuántos litros de agua gastará usted, hoy, tanto si vive en Mendoza como en cualquier otro lugar de Argentina? ¿Conoce la cantidad promedio de Europa? ¿Cómo influye lo que se llama “agua virtual” en la economía? ¿Y las consecuencias del dique Potrerillos sobre el subsuelo? ¿Mendoza tiene un plan hídrico? ¿Todos pagamos el mismo precio por el agua?
Santiago Ruiz Freites es una de las personas más apropiadas para responder algunas de estas preguntas. “Soy presidente del Foro Argentino del Agua, que forma parte de la red de la Asociación Mundial del Agua (Global Water Partnership). La secretaría tiene sede en Estocolmo”, dice, a modo de presentación.
El abogado y profesor (Universidad Champagnat), especializado en derecho ambiental, está al frente de una ONG que, para los mendocinos, parece más importante, en tanto es parte de su misión “establecer principios de la gestión sustentable de recursos hídricos e identificar las necesidades críticas en esta materia”. Global Water Partnership es una asociación mundial fundada en 1996, en Suecia, bajo el patrocinio de dos donantes importantes: el gobierno sueco y, sobre todo, la corona holandesa. “Están muy involucrados en este tema, tanto el príncipe Guillermo como su esposa Máxima”, despeja el entrevistado. La semana próxima Ruiz Freites representará al país en la Exposición Mundial del Agua.
¿Cómo nace todo este movimiento en el mundo?
A partir de una serie de convenciones y conferencias internacionales de Naciones Unidas, que empiezan a marcar su preocupación por los temas relacionados con el agua. Especialmente desde la conferencia de Dublin 1992 (Irlanda), que marcó un giro muy importante. Incorporó el asunto de la Gestión Integrada del Agua como un elemento más dentro del ecosistema, con cierto valor económico y con la necesidad de la protección ambiental y la calidad del recurso.
¿Alguien discute que el agua sea un valor de bien público?
Se proclama el acceso al agua como un derecho humano. Existe una visión relacionada con esta temática y hoy en día se está discutiendo acerca de incorporar y asegurar este derecho. Y al mismo tiempo se amplía la discusión para considerar el agua, no sólo como un bien económico, sino público. Y esto es una asignación equitativa, sobre todo para los países que tienen pobreza hídrica. Frente a la crisis del cambio climático y los valores de contaminación y la situación de escasez en el mundo, estas convenciones internacionales empiezan a discutir. De allí se funda la Asociación Mundial del Agua, hace 12 años, y después se van creando los primeros grupos técnicos de especialistas en cada región del mundo, para emitir documentos e informes, fomentando la investigación científica de cada uno de los aspectos de las problemáticas. En la actual etapa, la Asociación está creando redes regionales para que cada país tenga su organización nacional. El objetivo es atacar los problemas de cada país, aunque con una visión regional y global. Aquí tenemos una asociación sudamericana, fundada en 2006, en las cuales hay cinco países: Brasil, que tiene la presidencia, Perú, Venezuela, Uruguay, y Argentina, que fue la última en incorporarse, en diciembre pasado, a través del Foro del Agua. Los países próximos a incorporarse son Chile, Ecuador y Colombia.
¿Usted es un abogado que comenzó especializándose en temas ambientales?
La verdad es que empecé con el agua. En 1993 trabajé en Irrigación, en el departamento jurídico, a cargo del área que se ocupaba de la contaminación del agua. Luego trabajé en la Subsecretaría de Medio Ambiente, en la época de Elena Abraham, durante el gobierno de Lafalla. En realidad fui asesor de ella y jefe de la asesoría legal del ministerio de Ambiente y Obras Públicas. Luego me vinculé con las asociaciones de regantes y usuarios de agua, las inspecciones de cauces.
Desde allí su trascendencia ha sido extraordinaria, aún más cuando es un mendocino que representa al país en este conglomerado internacional.
En cierto sentido es así, ya que ocupo la presidencia del Foro Argentino del Agua en representación del Consejo de Inspección de Riego del río Mendoza, que es uno de los adherentes de la organización mundial. La de nuestro país es la primera asociación nacional, entre 60 países, que está presidida por un representante de usuarios del agua. En otros países, en cambio, los representantes surgen de los entes o administraciones estatales, o algún sector empresario…
¡Usted es el único representante de usuarios en todo el mundo en la Asociación Mundial del Agua!
Sí, el único en el mundo. En estos momentos, de los países adheridos, más de 60, soy el único representante de una organización de usuarios. Dominan representantes de distintos Estados y de sectores empresarios.
¿Cómo fue que llegó ahí?
(Piensa) No sé, llegamos. Nosotros hemos trabajado mucho en estos temas. Además lo hago en el ámbito académico, siempre vinculado al tema del agua. Soy profesor titular en la Universidad Champagnat y doy clases como profesor invitado, en la cátedra de Miguel Mathus Escorihuela, en la Universidad de Mendoza. Hemos formado un equipo de investigación muy importante, somos todos abogados, damos varias cátedras de derecho, estamos adscriptos a varios posgrados internacionales y actualmente tenemos un convenio con la Universidad de Zaragoza. Hace muy poco hemos publicado un libro, “Derecho de Administración del Agua”, que está focalizado en la realidad jurídica argentina y el derecho español.
En ese texto, ¿se compiló la legislación argentina existente?
Sí, se completó con la legislación de aquí, y también hay un análisis del actual derecho español y el derecho comunitario europeo. España y Europa han avanzado muchísimo en estos aspectos. Además de la gestión integrada del agua, desarrollar la planificación hidrológica e hídrica hacia el futuro, legislan sobre el componente ambiental de cuidado del recurso.
Este libro llena un vacío histórico.
Creo que es una obra que, desde las décadas del 40 y el 50, no se escribía en Argentina. Me refiero a las épocas de autores como Miguel Marienhoff, el doctor Joaquín López, incluso Guillermo Cano. Con el doctor Mathus Escorihuela recopilamos toda la información y por medio del convenio con la Universidad de Zaragoza publicamos este libro. Actualmente nos encontramos en otros trabajos de investigación, asociados con el gobierno de Aragón y con la Confederación Hidrográfica del Ebro, en España.
Sé que viaja muchísimo para dar conferencias y ponencias. Me pregunto si en esas charlas advierte en los auditorios que usted es un hombre del desierto.
Por supuesto. Incluso en España hemos expuesto la problemática de Mendoza. Y en eso somos varios los que hemos abrevado de las fuentes de estos maestros. De Mathus Escorihuela, que a la vez ha sido discípulo de Joaquín López, de Guillermo Cano, del mismo Miguel Marienhoff, que es el padre del derecho administrativo argentino. Y son todos mendocinos. Y podríamos decir que en el tema hay una gran escuela mendocina. No solamente de juristas, sino del enfoque de la legislación. La Ley de Aguas de Mendoza, que es de 1884, fue un modelo para su época. Y sigue vigente.
¿Por qué surgió desde Mendoza este modelo de legislación?
Por la escasez del agua. Por la aridez. Que a su vez toma la tradición del derecho español en época de la Conquista, pero desde antes también. Porque, cuando llegaron aquí los conquistadores, calculan que ya habían más de cinco mil hectáreas bajo riego hecho por los huarpes, que fueron educados por los incas en el manejo del agua. Esto del Cacique Guaymallén, de nuestras acequias, es una tradición que se mantiene de los pueblos originarios. Y como Argentina tiene tanta diversidad geográfica y climática, zonas húmedas con recursos hídricos importantes, pero otras que no, las provincias que más han crecido en su legislación y también en el cuidado ambiental, son las provincias del oeste, las que tienen problemas y escasez.
Me imagino que será un apasionado por el legado del ingeniero Cipolletti.
¡Por supuesto! En materia de obras, de planificación, es uno de los más importantes. Por ejemplo, Mendoza todavía hoy se nutre, aún con los problemas y carencias, de toda aquella infraestructura realizada por Cipolletti.
Estamos hablando de más de un siglo atrás. Más que un enorme beneficio parece una irresponsabilidad histórica y un descuido de varias generaciones.
Tal cual.
¿Cuál es el estado de la situación del agua en Mendoza?
Mendoza sigue siendo una provincia adelantada en la materia…
Pero ¿cómo se entiende estar en la vanguardia cuando la legislación y lo proyectual data de más de un siglo?
No hay situaciones de alertas ni amenazas próximas, pero, lo que falta acá es una visión integrada de la administración y la cuestión de la planificación, que, yo creo, está abandonada. Porque la planificación hídrica no sólo tiene que ver con el agua, sino con el cuidado ambiental, ecosistémico y con el uso del suelo. En Mendoza, cuando se habla de desarrollo territorial, de la ley de subsuelo, estamos atados necesariamente al agua. A mi juicio, la situación de Mendoza es comprometida en el balance hídrico.
¿Qué significa?
Tenemos una oferta que siempre ha sido la misma y un crecimiento cada vez mayor de la demanda, y ahí juega la densidad demográfica, el crecimiento de la población y los nuevos usos del agua que aparecen. En este cuadro ya no se puede funcionar con el mismo esquema, ni con la misma infraestructura. Y necesitamos eficiencia en el uso del agua, sobre todo en materia agrícola. La agricultura, tanto a nivel nacional como provincial, consume entre el 70 y el 80 % de la oferta de agua existente. Además existe un aumento importante del consumo de agua potable, con la necesidad de mejorar la infraestructura y la realización de obras. Potrerillos, por ejemplo, es un caso interesante. Cuando se proyectó funcionaba con la necesidad de hacer obras complementarias, especialmente la impermeabilización de canales para evitar el fenómeno de las aguas claras y perderlas en su conducción. Que genera un serio problema: la salinización del suelo. Y hoy Mendoza no tiene un plan de obra ni claro ni definido. Y esto produce situaciones gravísimas, como aquí cerca, en el canal Cacique Guaymallén, que es un cauce que transporta agua de riego para el norte de la provincia. Su infraestructura está muy grave y soporta todo el aporte aluvional y el riesgo aluvional que tiene Mendoza. Y así podría seguir enumerando, incluso con grados de contaminación importantes. Para nosotros la legislación es válida, pero hay cosas que faltan: primero, una política de estado, los fines y objetivos de un plan de desarrollo de aquí a veinte o treinta años.
¿Cuáles fueron los últimos intentos para trazare un plan maestro?
Entre la gestión de superintendente de Irrigación de Carlos Abbhiagle y la sucesión de Eduardo Sancho. Allí se diseñó un plan hídrico provincial, que se presentó en la Legislatura. Y ahí está desde aquella época. Se daban una serie de pautas para que Mendoza fijara su política, y luego cumpliera las metas en base a una planificación, que debe tener obras, claro, pero también participación de los sectores involucrados. Esto lo han hecho muy bien los españoles y otros países: el diseño de un plan.
¿Cuál es la perspectiva mientras no contemos con uno?
Mendoza va a seguir creciendo, la oferta seguirá siendo la misma, y, si no hay cambios, la provincia estará comprometida en unos años más. Y esto limita para generar nuevos horizontes productivos, agrícolas o ganaderos.
La administración provincial trabaja en el proyecto Los Blancos.
Sí, está bien. Así como en el sur en el trasvase del río Atuel. Pero hay un problema de financiamiento, de traspaso de fondos. Pero hay otro problema: esto no se puede tomar aisladamente, digo las obras. Tiene que ser parte de una planificación integrada y consensuada.
La sensación, en vista de la realidad, es que ni los propios mendocinos tenemos conciencia de esta problemática.
Hasta uno mismo no lo sabe, es verdad. Yo recién cuando me metí más en estos temas pude dimensionar el problema, y la importancia real que tiene el agua en Mendoza. Pero no por el tema del consumo, sino por el consecuente desarrollo económico en el futuro de la provincia. Nosotros hoy estamos llegando al 3 % de la superficie cultivada, o con agua, frente a un 97 % de secano. Y porque es un tema serio creo que hay que tener una política clara. Además de las situaciones de derroche en el agua potable, esos servicios, incluso los de potabilización, no funcionan del todo bien, falta mayor eficiencia en la aplicación para el riego, y hay un debilitamiento de organismos que otrora han sido muy importantes, como Irrigación, en su institucionalidad.
¿Afirma que ni siquiera realiza esa tarea de contralor mínima?
La debiera tener, y aún así su tarea es gigante. Pero la ha ido perdiendo, entre otras cosas, porque quedó trunco un proceso, que fue la descentralización en la gestión del agua. Y esto al contrario de lo que sucede en España y otros países, tanto que es una tendencia mundial. La gestión operativa y la distribución del agua son traspasadas cada vez más a manos de los usuarios. En una situación ideal: el organismo estatal se dedica a estipular la política, a diseñar la planificación y aplicarla.
Retomemos las estadísticas sobre los abusos del uso. Y quizá será el prejuicio o el desconocimiento, pero entendía que la mayor parte se la llevaba el derroche de agua potable.
Cuando yo hablo de eficiencia es para todos los usos. El agrícola, la infraestructura y el agua potable. Mendoza tiene hoy un consumo de habitante por día de casi 400 litros. En otros países de Europa y del hemisferio norte no llegan a 200.
¡¿400 litros diarios?!
Sí, entre 350 y 400. Son las últimas cifras que ha dado el EPAS en Mendoza. Me refiero al agua potable. Por otro lado, en los riegos, por ejemplo, hay una eficiencia que tiende a mejorarse. Y para ellos hay que abandonar hábitos como el riego a manto. Hoy, de a poquito vamos mejorando con el riego por goteo y aspersión, donde el cultivo recibe lo estrictamente necesario.
Que utilicemos el doble de agua potable que en los países avanzados…
(Interrumpe) Y encima tenemos empresas, no digo estrictamente Obras Sanitarias, pero hablemos del sector empresario privado, que han generado varios problemas. Han logrado mucha rentabilidad pero no han mejorado la infraestructura, ni la red de agua potable ni la red de saneamiento. El plan de inversiones no se ha cumplido y estamos en permanente litigio de si se van o no. Y el consumo de agua potable ha aumentado, y en forma desmedida, pero porque tampoco hay control de pérdidas, pues las cañerías son muy viejas.
Quería preguntarle por el aspecto impositivo del agua. ¿Por qué no existe una gradualidad del costo en función del consumo?
Debería existir. Alguna vez aquí en Mendoza se habló, y no se terminó de aplicar, el consumo por volumen al menos en el agua potable.
¿No sería una medida democrática y concientizadora?
Por supuesto. Hay zonas residenciales o de cierta importancia donde desde las cañerías de agua potable llenan las piletas de natación o el riego de parques y jardines. Este es un aspecto. Pero no hay que olvidar el saneamiento, que es el sistema de provisión de cloacas y plantas de tratamientos. En Argentina solamente el 10 % de las aguas servidas son tratadas. En Europa, frente a la escasez del agua, están avanzando en dos aspectos: reutilizar las aguas ya usadas, sino es para uso potable, para otros, como el agrícola, y otro que si bien no es problema nuestro, pero que puede ser una alternativa, es la inversión en plantas desalinizadoras, esto es que en ciudades cercanas al mar se instalan plantas que quitan la sal del agua.
¿Podría el resumir el mapa del agua en el país respecto a Mendoza?
Hay que partir del siguiente dato: Sudamérica tiene el 26 % del total de agua potable del planeta, que es agua dulce renovable. Y tiene apenas el 6 % de la población mundial. La diversidad en Argentina permite que tengamos humedales y zonas desérticas. El 84 % del agua de Argentina está en la cuenca del Plata, con la particularidad que son cuencas bi o trinacionales. Sólo el 16 % restante se distribuye en todo el país. Por lo tanto es importante tener una visión integrada, ya que estamos en Sudamérica y la región contribuye decisivamente en la producción de agua, que últimamente se enmarca dentro de un concepto muy nuevo llamado “agua virtual”.
¿Agua virtual? ¿De qué se trata?
Es algo muy moderno, ya que se focaliza en cómo exportar agua, a partir de los productos, sobre todo los alimentos. Y para ello se calculan los litros de agua que se necesitan para desarrollar estos productos. Por ejemplo, tomando este concepto de agua virtual, para producir un kilo de carne vacuna, se necesitan 10.000 litros de agua. El cálculo incluye lo que se necesita de agua para riego, la pastura del ganado, lo que bebe, la cadena de producción, la industrial. Para una hamburguesa se necesitan 2.400 litros. Y para un litro de leche se necesitan 3.000 litros de agua. Este concepto de agua virtual introduce cambios, inclusive, en la economía mundial en la producción de alimentos, y en lo que los países productores insumen para vender a países que no presentan esta situación.
Pregunté por la gradualidad del costo en función del consumo potable. Sin embargo, pensando en el concepto de agua virtual desde lo geopolítico, ¿es factible que se pueda tributar su uso para fines agrícolas?
La realidad es que hoy es un insumo muy barato para la producción. Y en el concepto de agua virtual tiene que tener su valor, además porque es un bien público. Si alguien tiene una concesión o un permiso para usarla, también tiene que haber una retribución lo suficientemente importante. Y esta es también una situación seria, porque en la necesidad, no digo recaudatoria, pero tampoco en esto de cobrar o pagar el agua, ya que, insisto, se trata de un bien público, las reglas deben ser claras. Acá en Mendoza cada contribuyente paga la infraestructura y la administración en general. Pero es necesario que entre el Estado y las asociaciones de usuarios generen fondos para aplicarse al mejoramiento de las redes.
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Santiago Ruiz Freites